El Tribunal de Juicio Oral con las pruebas que otorgó el Agente del Ministerio Público Especializado sentenció a Juan Carlos Flores Mora por su responsabilidad en la muerte de Juan Manuel Galván Montoya, además se le impuso una multa y el pago de la reparación del daño, negándole los beneficios que otorga la ley, por lo que deberá purgar su condena en prisión.

Juan Carlos, conocido como “Jim”, privó de la vida a su rival, utilizando un arma de fuego que accionó en repetidas ocasiones y que incluso provocó lesiones a otra persona que se encontraba en el sitio.

El crimen ocurrió la tarde del 29 de mayo de 2014, cuando una persona tocó a la puerta de un domicilio de la calle Juan de la Barrera. Una menor atendió el llamado y al abrir, la persona ingresó de forma violenta al inmueble, empuñando una pistola y dirigiéndose hasta la cocina donde ubicó a Juan Manuel, a quien comenzó a dispararle. Fue entonces que el agraviado corrió tratando de protegerse, logrando brincar la barda hacia la casa vecina.

Cayó en un techó de lámina, que con su peso se fue abajo. Esta situación la aprovechó Flores Mora, quien posado en la barda divisoria, comenzó a accionar el arma de fuego, lesionando a Galván Montoya, quien quedó mal herido, siendo llevado a recibir atención médica, donde momentos después murió.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región B en su momento esclareció el hecho, identificando al agresor, quien con orden de aprehensión fue detenido meses después y sometido a un juicio penal, que ha concluido con la resolución del Tribunal, quien lo ha condenado a permanecer en prisión 30 años, responsable del delito de homicidio calificado.

Iván Rojas Quintana y Sergio Botello Orozco fueron encontrados sin vida al interior de un vehículo sobre el tramo carretero Silao-Irapuato, cerca de la desviación hacia el parque industrial FIPASI, presentaban diversas heridas producidas por proyectiles disparados por armas de fuego en el cráneo.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región B encabezó las indagatorias sobre el doble crimen, en el que se pudo establecer que previamente los jóvenes, originarios de Michoacán, fueron citados en el sitio, adonde arribaron en un vehículo Chrysler Neón, color gris, con placas del DF; sin embargo, al detener la marcha y antes de descender de la unidad, fueron privados de la vida con diversos impactos de arma de fuego.

Dando seguimiento al caso, se pudo identificar a uno de los involucrados, por quien en su momento se solicitó la orden de aprehensión correspondiente, siendo capturado y sometido a un proceso penal, en el que se le acusó de homicidio, por parte de los agentes especializados del Ministerio Público.

El Juzgado Único Penal de Partido de Silao encontró las pruebas suficientes para determinar que Luis Fernando López Soto es responsable del hecho ocurrido el 02 de octubre de 2012, por lo que además le impuso una multa y el pago de la reparación del daño a favor de familiares de las víctimas, negándole los beneficios de ley, por lo que deberá cumplir su condena internado en un centro de readaptación social.

El Gobierno del Estado, a través de la PGJE, trabaja día a día en la construcción de un Guanajuato más seguro.

La noche del 13 de octubre, Salvador Ibarra Flores de 75 años de edad, estaba en su casa de la comunidad La Compañía, cuando fue sorprendido por un sujeto cubierto del rostro; con pistola en mano le exigía la entrega de dinero, él se negó y ante las amenazas recibió un disparo en la cabeza que lo privó de la vida de forma inmediata. El escándalo previo, alertó a familiares de la víctima, quienes ya se encontraban cerca de la escena del crimen.

No obstante de haber dado muerte al hombre, el asaltante continuó registrando el domicilio en busca de bienes de valor, fue entonces que una mujer ingresó al lugar y encerró en una de las habitaciones al homicida, pidiendo apoyo a policías de la zona quienes acudieron y detuvieron a la persona, a quien además le aseguraron un arma de fuego.

Al tomar conocimiento, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región B comenzó con los trabajos en el lugar, obteniendo datos de prueba que esta fiscalía utilizará para acusar a la persona en la comisión del homicidio, para lo cual se lleva ante el órgano jurisdiccional al inculpado.

En las próximas horas, se realizará la audiencia de control de detención, donde agentes especializados del Ministerio Público verterán los datos de prueba que se han reunido sobre el caso, donde el Juez de Control resolverá su situación legal sobre el caso, que desarrolla bajo el Sistema Procesal penal Acusatorio y su seguimiento exige ceñimiento a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en la Ley del Proceso Penal.

El Gobierno del Estado, a través de la PGJE, se mantiene firme contra la delincuencia para seguir garantizando un mejor Guanajuato.

La tarde-noche del 12 de octubre, Álvaro Prado Andrade tomaba un baño en su domicilio, pero fue sorprendido por David “N”, quien tomó un cuchillo que había cerca y comenzó a atacarlo, provocándole diversas heridas que lo dejaron sin vida en el sitio.

De la trágica escena fueron testigos dos hijos menores de la víctima, quienes alertaron del crimen. El agresor, salió del inmueble corriendo y en el trayecto fue herido con disparos de arma de fuego, pero logró darse a la fuga, quedando en la casa un arma blanca con líquido hemático.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región B, al tomar conocimiento del crimen, inició con la investigación, un grupo multidisciplinario recabó indicios y testimoniales que ayudaron a identificar al agresor, posteriormente agentes especializados del Ministerio Público, con datos de prueba, solicitaron al Juez de Control la orden de aprehensión.

Agentes de Investigación Criminal y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, han dado cumplimiento al mandato, en el que se logra la captura del inculpado por el homicidio, acontecido en la comunidad La Angostura de la ciudad de Romita.

La audiencia de imputación se llevará a cabo en las siguientes horas en la sala del Juzgado Único Penal de Oralidad Sede Silao, por su jurisprudencia, bajo las reglas del Sistema Procesal Penal Acusatorio, por lo que su desarrollo se ciñe a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en la Ley del Proceso Penal.

El Gobierno del Estado, a través de la PGJE y la SSPE, día a día trabaja en mantener un Guanajuato seguro.

San Francisco del Rincón, Gto. 19 de agosto de 2015.-  La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) obtiene sentencia condenatoria para JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GASCA por el delito de secuestro.

Juan Manuel Velázquez Gasca, de 21 años y originario de San Francisco del Rincón, fue sentenciado a 32 años de prisión, además se le condena al pago de una multa.

El delito se cometió el 22 de julio del 2009 en el camino de terracería que conduce a la comunidad de San Roque del Monte, perteneciente al municipio de San Francisco del Rincón; lugar donde la victima fue privada de su libertad.

La PGJE inicio la investigación e integración de la averiguación previa por los hechos registrados. El grupo multidisciplinario especializado en el rubro, recabo los elementos de prueba necesarios con los que se acredito la participación de Juan Manuel Velázquez Gasca, quien fue detenido el 19 de abril de 2010 y en septiembre del mismo año fue declarado formalmente preso.

Con el trabajo científico y el uso de herramientas sofisticadas en la materia, los agentes investigadores de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) concluyeron esta investigación.

Con estas acciones la PGJE construye un Estado más seguro.

La víctima vivió amenazada durante un año, por una mujer, quien de forma violenta y con amenazas de causar daño a sus familiares, la prostituía obteniendo ganancias monetarias de los clientes, quienes sabiendo además que era menor de edad, cometían actos sexuales en contra de su voluntad.

La víctima decidió acudir al Ministerio Público a denunciar los hechos, donde de forma inmediata, a través de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres se le brindó atención especializada; se obtuvieron datos de prueba que sirvieron para integrar la carpeta de investigación por hechos delictivos.

La Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada (SIE), tomó el caso, al tener datos sobre el modo en cómo operaba la mujer en agravio de la menor, por lo que se dio paso a una exhaustiva indagatoria, donde se pudieron obtener datos de prueba para solicitar a un Juez de Control las órdenes de aprehensión contra los inculpados.

Mediante un operativo coordinado entre Agentes de Investigación Criminal y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se logra la ubicación y detención de seis personas, una de sexo femenino y los demás masculinos, por quienes recaen cargos penales por los delitos de trata de personas y violación.

Cabe señalar que los masculinos de manera habitual acudían al domicilio de la mujer donde pagaban por los servicios sexuales, aprovechándose en varias ocasiones de la víctima.

En las próximas horas los inculpados serán llevados ante el Juzgado Único Penal de Oralidad Sede Valle de Santiago, a fin de que enfrenten los cargos que los agentes especializados del Ministerio Público harán en su contra, caso que se desarrolla bajo el Sistema Procesal Penal Acusatorio, por lo que su seguimiento se ciñe a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en la Ley del Proceso Penal.

El Gobierno del Estado, a través del trabajo coordinado de la PGJE y la SSPE, trabaja día a día por un Guanajuato más seguro.

La Unidad de Atención Integral a las Mujeres, por medio de una denuncia, tomó conocimiento sobre los abusos sexuales de los que fue víctima menor de edad, indicó que por varios meses el indiciado la obligaba a sostener relaciones sexuales bajo amenazas; sin embargo, decidió acudir al Ministerio Público para denunciarlo.

Al iniciar la investigación sobre el caso, la víctima recibió atención médica inmediata, además de que continúa recibiendo tratamiento sicológico, en el que se obtuvieron datos de prueba en contra del inculpado en los hechos, siendo una persona del sexo masculino de 42 años, por quien se solicitó una orden de aprehensión a fin de que enfrente los cargos.

Agentes de Investigación Criminal en coordinación con elementos de la SSPE, al tener la orden girada por un Juez de Control, lograron cumplimentarla y llevarlo a audiencia de imputación, donde agentes especializados del Ministerio Público hicieron las acusaciones por violación espuria calificada y por el que el Juez lo ha vinculado a proceso y establecido una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el caso.

La causa se desarrolla en el Juzgado Único Penal de Oralidad Sede Irapuato bajo las reglas del Sistema Procesal Penal Acusatorio, por lo que su seguimiento exige ceñimiento a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en la Ley del Proceso Penal.

El Gobierno de Guanajuato, firme contra la delincuencia, mediante el trabajo coordinado de la PGJE y la SSPE.

Al recibirse una denuncia sobre el robo de un automóvil marca Nissan color blanco, que momentos antes había sido hurtado, el Ministerio Público giró indicaciones para su rastreo y fue ubicado a través del GPS sobre calle Búfalo, por lo que se constituyeron Agentes de Investigación Criminal de la PGJE en compañía de elementos de la SSPE, logrando el aseguramiento de la unidad que horas antes había sido robada.

Asimismo, se obtuvo información de ubicación de un inmueble de calle Cebú, se revisó la zona y se localizó un taller mecánico donde se almacenaban otras unidades motoras y autopartes.

Acudiendo agentes especializados del Ministerio Público, así como peritos, se logra el aseguramiento de dos vehículo marca Nissan, uno color rojo, que cuentan con alteraciones en sus placas VIN; además, otro color azul con reporte de robo reciente; uno color arena que porta motor con reporte de robo, y un vehículo marca Ford Escape color blanco con reporte de robo en reciente fecha.

Además, se localizaron autopartes que corresponden a vehículos marca Nissan Tsuru, siendo una caja trasera, una parrilla, cuatro puertas, una caja de tapa, una base de amortiguador y una facia trasera, mismas que serán sometidas a análisis para establecer a qué unidades pertenecen.

Cabe señalar, que el inmueble se encuentra asegurado por esta autoridad, ya que en el sitio se encontraban dos personas que dijeron laborar ahí y a quienes se les recaba entrevista a fin de fincar responsabilidad y conocer el origen de los autos robados y alterados. En tanto, el Ministerio Público sigue con las indagatorias correspondientes sobre el aseguramiento y el trámite para la devolución de lo recuperado a los afectados.

El Gobierno del Estado, a través de la PGJE y la SSPE, se mantiene firme contra la delincuencia para seguir garantizando un Guanajuato seguro.

Resultado del trabajo que ha desarrollado la Unidad Especializada en Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la PGJE, mediante una coordinación constante con la SSPE y la utilización de la tecnología, se logra ubicar un inmueble que era utilizado para actividades ilícitas: el almacenamiento de hidrocarburo extraído de forma ilegal de los ductos de Pemex de la zona, por lo que al tener datos de prueba, se solicitó una orden de cateo a un Juez de Control, que fue concedida.

Agentes del Ministerio Público especializados, peritos, Agentes de Investigación Criminal de la PGJE y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, llevaron a cabo el operativo de intervención en la finca ubicada sobre la calle Juan Gallardo, donde se logra el aseguramiento de lo siguiente:

–        81 cartuchos útiles de calibre 7.62.

–        Un arma de fuego larga, calibre 7.62, así como un cargador.

–        Un mil 90 litros de combustible distribuido en diversos contenedores.

–        Cubitanques, tambos y cubetas, algunos con el combustible y otros con residuos.

–        Una camioneta pickup que era utilizada para el trasiego de lo incautado.

Cabe destacar que al momento del cateo, en el inmueble permanecían tres personas, quienes fueron llevadas ante el Ministerio Público en calidad de presentados a fin de que rindieran su declaración en torno al lugar y los hechos, materia de investigación. En tanto, el inmueble fue asegurado por esta autoridad y se estudia la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

El Gobierno del Estado, a través de la PGJE y la SSPE, de manera continua mantiene su trabajo coordinado en aras de seguir garantizando un Guanajuato seguro.