Por ello, esta tarde de jueves 22 de octubre, Agentes de Investigación Criminal de la PGJE y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, han logrado la detención de quien es señalado como inculpado en el feminicidio de la menor, por lo que en las próximas horas será llevado ante un Juez de Control, a fin de que se realice la audiencia de formulación de imputación.

El pasado 19 de octubre el padre de la menor denunció el robo de su vehículo y de su menor hija ante el Ministerio Público. En la narración de hechos señaló que viajaban a bordo de su automóvil sobre la carretera Irapuato-León y al llegar a la altura de la desviación al Libramiento Norte, se incorporó a éste, donde fueron interceptados por tres sujetos, bajándolo de la unidad, uno de ellos sube al auto y emprende la huida, en el interior del auto se encontraba Adriana Alexa Ramírez Soto; más tarde el vehículo es localizado sobre la avenida Siglo XXI y un día después lamentablemente se encuentra a la pequeña de ocho meses de edad, sin vida en el lecho del Río Guanajuato.

Esa tarde de lunes, como de costumbre, el padre de Adriana Alexa Ramírez Soto pasó a un domicilio a recoger a la pequeña, con quien estaría durante el resto del día. Fue la última vez que sus familiares la vieron con vida. La mamá de la niña sabía que la bebé estaría al cuidado de su padre; sin embargo, la noticia de que había sido robada los alertó y acudieron al Ministerio Público a denunciar el hecho, donde de forma inmediata se activaron los protocolos para su ubicación y se emitió una alerta AMBER.

El Ministerio Público, dentro de su tarea de investigación, fue recabando información que contradecía la versión vertida por el padre de la pequeña, por lo que las indagatorias revelaron que los hechos no sucedieron en la forma en que los denunció, pues de acuerdo a video-grabaciones, obtenidas de los lugares por donde el padre refirió circuló al momento de los hechos denunciados, al analizarlas se desprende que no acontecieron como los narró.

Los agentes especializados del Ministerio Público, con estas evidencias y testimonios recabados, lograron esclarecer el hecho donde perdió la vida la menor y acreditar la probabilidad de su padre en la participación de los mismos, acudiendo ante un Juez de Control, quien al conocer el caso, emitió el mandato judicial que ha sido cumplimentado.

Cabe destacar, que la PGJE continúa reuniendo datos de prueba periciales y científicos para robustecer la mecánica de cómo fue privada de la vida la menor, ya que de acuerdo al resultado de la necropsia, murió a consecuencia de una fractura de cráneo y traumatismo profundo de tórax y abdomen.

El seguimiento de los hechos es conforme al Sistema Procesal Penal Acusatorio, por lo que en su seguimiento se aplica el Principio de Publicidad y en su momento oportuno la reserva de datos conforme a la Ley del Proceso Penal.

Al concluir el juicio oral, el Tribunal determinó que existen las pruebas suficientes que señalan como culpables de secuestro agravado a los cuatro hombres, quienes además de permanecer en prisión, deberán hacer un pago monetario por conceptos de multa y, daño material y moral a la víctima; además de que les han sido negados los beneficios que la ley estima.

Fue en septiembre de 2014 cuando hasta un domicilio de la zona urbana del municipio llegaron un grupo de hombres, quienes de forma violenta amagaron y se llevaron a bordo de una camioneta a su víctima, a quien durante el camino fueron amenazando con hacerle daño; a la par, realizaron diversas llamadas en las que pretendían exigir dinero a cambio de poner en libertad al secuestrado.

Sin embargo, autoridades ya habían sido alertadas del hecho, por lo que en el trayecto la víctima fue abandonada a un costado de la carretera rumbo a Yuriria, para después tratar de escapar, siendo detenidos en el vehículo y puestos a disposición del Ministerio Público.

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada (SIE), fue la encargada de reunir las pruebas necesarias que durante las audiencias de juicio fueron vertidas y que acreditan la participación de las cuatro personas en el hecho, por el que han sido condenados a pasar 50 años en prisión.

El Gobierno del Estado, a través de la PGJE, día a día construye un Guanajuato más seguro.

[wzslider]Irapuato, Gto. 20 de octubre de 2015.- Resultado del trabajo de investigación y la coordinación constante que existe entre la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y de autoridades Federales, se logra dar un importante golpe a la delincuencia en el estado, con el aseguramiento de tres inmuebles en la ciudad de Irapuato, donde se almacenaban miles de litros de hidrocarburo extraído ilegalmente y, toneladas de varilla y acero robados al tren.

Además de asegurar llantas, vehículos robados y herramienta utilizada para la comisión de los delitos, estando a disposición dos personas encontradas al interior de los inmuebles donde se realizaron los cateos en la colonia Ignacio Allende.

A través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada (SIE) y mediante la coordinación que existe en materia de seguridad entre autoridades de los tres niveles, se desarrolló un trabajo de inteligencia, donde apoyados con la tecnología del estado, denuncias por el robo al tren y las indagatorias que permanecen por la comisión de estos delitos, se ubicaron los tres inmuebles continuos sobre la calle Hermanos Licea.

Al tener pistas de que el lugar era utilizado para la comisión de delitos, como almacenar lo robado y comercializarlo, se obtuvieron datos de prueba que sirvieron para girar las solicitudes de órdenes de cateo, que fueron otorgadas por un órgano jurisdiccional.

Así, un grupo multidisciplinario, integrado por el Ministerio Público especializado, peritos, Agentes de Investigación Criminal de la PGJ, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Ejército y policías municipales, acudieron a los predios, donde de forma coordinada se desarrollaron los cateos, logrando el aseguramiento de lo siguiente:

–      16 mil litros de combustible, diésel (extraído ilegalmente de ductos de Pemex).

–      1.5 toneladas de varilla y dos toneladas de acero, robados al tren.

–      Ocho llantas, 12 rines y 12 lámparas tipo plafon, también robadas al tren.

–      Dos tractos-camiones alterados, uno de ellos modificado con una cisterna acoplada.

–      Dos vehículos alterados marcas Nissan Platina y BMW; así como, una camioneta y una motocicleta con reportes de robo.

–      150 tambos de metal (capacidad de 200 litros cada uno).

–      Una cisterna armada con capacidad para 25 mil litros.

–      Dos bombas para extracción y mangueras de diferente ancho y longitud.

–      Diversa herramienta y dados utilizados para remarcar vehículos.

En uno de los predios fue ubicada una conexión tubular que sirve como red de distribución de hidrocarburo; por ello los tres inmuebles se encuentran asegurados por esta autoridad y para los cuales se analiza la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

Asimismo, durante el cateo, fueron ubicadas dos personas del sexo masculino al interior de los predios, quienes fueron llevados en calidad de presentados ante la Unidad Especializada en Investigación y Recuperación de Vehículos Robados, para que rindan su declaración y se puedan  fincar responsabilidades.

El Gobierno del Estado, firme contra la delincuencia, construye un Guanajuato más seguro.

El Tribunal de Juicio Oral con las pruebas que otorgó el Agente del Ministerio Público Especializado sentenció a Juan Carlos Flores Mora por su responsabilidad en la muerte de Juan Manuel Galván Montoya, además se le impuso una multa y el pago de la reparación del daño, negándole los beneficios que otorga la ley, por lo que deberá purgar su condena en prisión.

Juan Carlos, conocido como “Jim”, privó de la vida a su rival, utilizando un arma de fuego que accionó en repetidas ocasiones y que incluso provocó lesiones a otra persona que se encontraba en el sitio.

El crimen ocurrió la tarde del 29 de mayo de 2014, cuando una persona tocó a la puerta de un domicilio de la calle Juan de la Barrera. Una menor atendió el llamado y al abrir, la persona ingresó de forma violenta al inmueble, empuñando una pistola y dirigiéndose hasta la cocina donde ubicó a Juan Manuel, a quien comenzó a dispararle. Fue entonces que el agraviado corrió tratando de protegerse, logrando brincar la barda hacia la casa vecina.

Cayó en un techó de lámina, que con su peso se fue abajo. Esta situación la aprovechó Flores Mora, quien posado en la barda divisoria, comenzó a accionar el arma de fuego, lesionando a Galván Montoya, quien quedó mal herido, siendo llevado a recibir atención médica, donde momentos después murió.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región B en su momento esclareció el hecho, identificando al agresor, quien con orden de aprehensión fue detenido meses después y sometido a un juicio penal, que ha concluido con la resolución del Tribunal, quien lo ha condenado a permanecer en prisión 30 años, responsable del delito de homicidio calificado.

Iván Rojas Quintana y Sergio Botello Orozco fueron encontrados sin vida al interior de un vehículo sobre el tramo carretero Silao-Irapuato, cerca de la desviación hacia el parque industrial FIPASI, presentaban diversas heridas producidas por proyectiles disparados por armas de fuego en el cráneo.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región B encabezó las indagatorias sobre el doble crimen, en el que se pudo establecer que previamente los jóvenes, originarios de Michoacán, fueron citados en el sitio, adonde arribaron en un vehículo Chrysler Neón, color gris, con placas del DF; sin embargo, al detener la marcha y antes de descender de la unidad, fueron privados de la vida con diversos impactos de arma de fuego.

Dando seguimiento al caso, se pudo identificar a uno de los involucrados, por quien en su momento se solicitó la orden de aprehensión correspondiente, siendo capturado y sometido a un proceso penal, en el que se le acusó de homicidio, por parte de los agentes especializados del Ministerio Público.

El Juzgado Único Penal de Partido de Silao encontró las pruebas suficientes para determinar que Luis Fernando López Soto es responsable del hecho ocurrido el 02 de octubre de 2012, por lo que además le impuso una multa y el pago de la reparación del daño a favor de familiares de las víctimas, negándole los beneficios de ley, por lo que deberá cumplir su condena internado en un centro de readaptación social.

El Gobierno del Estado, a través de la PGJE, trabaja día a día en la construcción de un Guanajuato más seguro.

La noche del 13 de octubre, Salvador Ibarra Flores de 75 años de edad, estaba en su casa de la comunidad La Compañía, cuando fue sorprendido por un sujeto cubierto del rostro; con pistola en mano le exigía la entrega de dinero, él se negó y ante las amenazas recibió un disparo en la cabeza que lo privó de la vida de forma inmediata. El escándalo previo, alertó a familiares de la víctima, quienes ya se encontraban cerca de la escena del crimen.

No obstante de haber dado muerte al hombre, el asaltante continuó registrando el domicilio en busca de bienes de valor, fue entonces que una mujer ingresó al lugar y encerró en una de las habitaciones al homicida, pidiendo apoyo a policías de la zona quienes acudieron y detuvieron a la persona, a quien además le aseguraron un arma de fuego.

Al tomar conocimiento, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región B comenzó con los trabajos en el lugar, obteniendo datos de prueba que esta fiscalía utilizará para acusar a la persona en la comisión del homicidio, para lo cual se lleva ante el órgano jurisdiccional al inculpado.

En las próximas horas, se realizará la audiencia de control de detención, donde agentes especializados del Ministerio Público verterán los datos de prueba que se han reunido sobre el caso, donde el Juez de Control resolverá su situación legal sobre el caso, que desarrolla bajo el Sistema Procesal penal Acusatorio y su seguimiento exige ceñimiento a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en la Ley del Proceso Penal.

El Gobierno del Estado, a través de la PGJE, se mantiene firme contra la delincuencia para seguir garantizando un mejor Guanajuato.

La tarde-noche del 12 de octubre, Álvaro Prado Andrade tomaba un baño en su domicilio, pero fue sorprendido por David “N”, quien tomó un cuchillo que había cerca y comenzó a atacarlo, provocándole diversas heridas que lo dejaron sin vida en el sitio.

De la trágica escena fueron testigos dos hijos menores de la víctima, quienes alertaron del crimen. El agresor, salió del inmueble corriendo y en el trayecto fue herido con disparos de arma de fuego, pero logró darse a la fuga, quedando en la casa un arma blanca con líquido hemático.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región B, al tomar conocimiento del crimen, inició con la investigación, un grupo multidisciplinario recabó indicios y testimoniales que ayudaron a identificar al agresor, posteriormente agentes especializados del Ministerio Público, con datos de prueba, solicitaron al Juez de Control la orden de aprehensión.

Agentes de Investigación Criminal y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, han dado cumplimiento al mandato, en el que se logra la captura del inculpado por el homicidio, acontecido en la comunidad La Angostura de la ciudad de Romita.

La audiencia de imputación se llevará a cabo en las siguientes horas en la sala del Juzgado Único Penal de Oralidad Sede Silao, por su jurisprudencia, bajo las reglas del Sistema Procesal Penal Acusatorio, por lo que su desarrollo se ciñe a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en la Ley del Proceso Penal.

El Gobierno del Estado, a través de la PGJE y la SSPE, día a día trabaja en mantener un Guanajuato seguro.

San Francisco del Rincón, Gto. 19 de agosto de 2015.-  La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) obtiene sentencia condenatoria para JUAN MANUEL VELÁZQUEZ GASCA por el delito de secuestro.

Juan Manuel Velázquez Gasca, de 21 años y originario de San Francisco del Rincón, fue sentenciado a 32 años de prisión, además se le condena al pago de una multa.

El delito se cometió el 22 de julio del 2009 en el camino de terracería que conduce a la comunidad de San Roque del Monte, perteneciente al municipio de San Francisco del Rincón; lugar donde la victima fue privada de su libertad.

La PGJE inicio la investigación e integración de la averiguación previa por los hechos registrados. El grupo multidisciplinario especializado en el rubro, recabo los elementos de prueba necesarios con los que se acredito la participación de Juan Manuel Velázquez Gasca, quien fue detenido el 19 de abril de 2010 y en septiembre del mismo año fue declarado formalmente preso.

Con el trabajo científico y el uso de herramientas sofisticadas en la materia, los agentes investigadores de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) concluyeron esta investigación.

Con estas acciones la PGJE construye un Estado más seguro.