Subprocuraduría de Justicia Región “C”, de lleno en fase final para implementar nuevo sistema de Justicia Penal.

Celaya, Gto. 18 de Marzo de 2015.- La Subprocuraduría de Justicia Región “C” entró de lleno en la fase final para poner en marcha la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal.

Con estas modificaciones se fijan las bases para que la justicia penal sea eficiente, eficaz y se establecen los fundamentos para un sistema de seguridad que responda a las demandas ciudadanas más apremiantes en la materia.

El nuevo sistema de enjuiciamiento deberá tender hacia la consecución de la justicia, mediante el equilibrio y la primacía de los principios procesales y constitucionales más humanos y garantistas, pero también con procedimientos más ágiles y efectivos. El objetivo, aseguró el Subprocurador René Urrutia de la Vega, es redimensionar la función de la procuración de justicia en los 16 municipios que comprenden esta región.

Estableció que con estas reformas, se establece el proceso penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, se incluyen las instituciones relativas a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y la explicación de las sentencias para que las partes del proceso queden enteradas de manera inmediata, clara, entendible y directa por el propio Juez del proceso, de los motivos y fundamentos en que se basó para resolver el juicio, ya sea condenando o absolviendo al inculpado.

Dentro de las modalidades que comprende este nuevo sistema de justicia penal está la incorporación de un plazo para que el Juez de Control celebre audiencia, en la cual deberá pronunciarse sobre la petición del Ministerio Público y contemplar lo relativo a la detención en casos de flagrancia.

Se prevé la figura del arraigo como medida de restricción de la libertad decretada por la autoridad jurisdiccional y se contempla la figura del juez de control que se aboque, fundamentalmente, a resolver los pedimentos ministeriales de medidas cautelares, providencias precautorias, técnicas de investigación para resolverlos de forma inmediata, para minimizar los riesgos de la demora en la ejecución de la diligencia.

Asimismo, se establecen sistemas de impugnación y medios de defensa de los derechos de los particulares frente a los actos de las autoridades y se instituye la defensoría gratuita de calidad, con personal profesional, capacitado, de carrera y con un ingreso total e igual al de los ministerio públicos, que tenga la misión de defender a cabalidad a la población que así lo solicite y la visión de ser el garante del respeto de los derechos de las personas en controversias con otros individuos o en conflicto con la ley.

Con los nuevos instrumentos se generará una nueva cultura jurídica en la región porque esta reforma constitucional, más que operar un cambio en el proceso penal, se avizora como una verdadera revolución jurídica que se extenderá de los juzgados y oficinas del Ministerio Público a las aulas y los despachos de los litigantes, a los espacios públicos de la sociedad, donde el proceso penal será más abierto, público y transparente.

La Subprocuraduría de Justicia Región “C” ha concluido una etapa de capacitación donde todo el personal que conforma los ministerios públicos, la Policía Ministerial, secretarios, auxiliares y, cuerpo técnico y forense, han obtenido las herramientas y capacidades sobre los lineamientos protocolarios de la forma en cómo se investiga, litiga y recolectan pruebas o se interviene en un juicio oral.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la PGJ, unidos contra la delincuencia, ratifica su compromiso por mantener un Guanajuato más seguro.

 

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