Próxima compra de uniformes escolares y tabletas contará con la vigilancia de un testigo social
Guanajuato, Gto., mayo de 2017. Con el objetivo de impulsar una mayor transparencia en los procesos de compras que realiza el Gobierno del Estado y hacer participe a la ciudadanía en estas decisiones, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) realizó la primera sesión ordinaria del Comité de Testigos Sociales para definir a las personas que participarán en la adquisición de uniformes escolares y tabletas.
En su mensaje, la titular de la STRC, Ma. Isabel Tinoco Torres, destacó la importancia de que la sociedad se involucre en estas acciones. “Su presencia es fundamental, porque aportan mucho más que su tiempo y conocimiento; ustedes fortalecen el quehacer gubernamental al verificar que el uso de los recursos públicos sea transparente y que beneficie verdaderamente a la ciudadanía”.
Como parte de las actividades, personal del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN) presentó los pormenores de los proyectos “Uniformes escolares” e “Impulso a la inclusión digital” con la finalidad de conocer sus objetivos, metodologías de aplicación y alcances.
Finalmente, este organismo aprobó girar una invitación a los padrones de testigos sociales estatal y federal para que los interesados se postulen y, después de analizar los perfiles y experiencia de los participantes, elegir a las personas más capacitadas para ser parte del proceso de adquisición de los uniformes y las tabletas.
El Comité de Testigos Sociales está conformado por representantes del sector académico, colegios de profesionistas, cámaras y asociaciones; así como integrantes de la STRC. Su labor es dar seguimiento, analizar y validar los procedimientos de contratación, distintos de la adjudicación directa que llevan a cabo las dependencias y entidades.
Las y los ciudadanos que participan son:
Su funciones son:
Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de colocar a la ciudadanía en el centro de sus prioridades al involucrarla en las decisiones sobre el uso de los recursos públicos para disminuir riesgos de opacidad y espacios de posible corrupción.