Cumplen al 100% servidores públicos con su declaración patrimonial
Guanajuato, Gto., mayo 2016. 16 mil 047 servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal realizaron su Declaración Patrimonial Anual ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, previo a la fecha límite establecida para el 31 de mayo.
Entre quienes rindieron al declaración patrimonial anual están los funcionarios titulares de las dependencias o entidades, quienes desempeñan funciones de dirección, coordinación, inspección, auditoría y fiscalización; los que realizan funciones de autorización, manejo, y liberación de recursos, entre otros, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Para agilizar esta tarea, la STRC mejoró el sistema Declaranet Guanajuato (http://declaranet.guanajuato.gob.mx/) a efecto de que fuera más ágil y sencilla de presentar.
Una vez concluido el proceso de declaración patrimonial anual, la STRC verificará la evolución y congruencia entre los ingresos y egresos de los servidores públicos que la presentaron.
En el supuesto de que existan incongruencias en la declaración de situación patrimonial, se notificará personalmente al servidor público la solicitud de aclaración, quien tendrá de plazo treinta días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación para hacer lo conducente.
De igual manera y derivado de los acuerdos generados por Guanajuato ante la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la cual agrupa a Secretaría de la Función Pública y a quienes encabezan las contralorías estatales del país; se trabaja para que en las próximas declaraciones patrimoniales anuales se incluya un apartado para la declaración de intereses, que considere ingresos como funciones, así como la definición de los rubros correspondientes a reportar.
Con este ejercicio permanente, el Gobierno del Estado promueve un Guanajuato más honesto, ético, transparente y de constante lucha contra la corrupción, en el que la información de los colaboradores de la administración pública sea transparente y veraz.