Guanajuato, Guanajuato. junio del 2020. La Ley de Carga Pública, es una herramienta que tiene la autoridad migratoria en los Estados Unidos para descalificar personas que tratan de adquirir su residencia o bien al tramitar la visa para visitar el país.
Así lo dijo, Juan Morales Reyes, abogado de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional en California, durante el “Café Virtual Migrante: Pregunta a los Abogados”, organizado por la dependencia.
“La intención que hay detrás es, atacar, como por ahora no se puede desaparecer la Ley Cadena, que consiste en que un migrante con residencia, pide al estado norteamericano su legal estadía en el país y así sucesivamente”.
“Esta ley, es fuertemente cuestionada en las cortes federales, porque es muy difícil ver hacía el futuro y lo que las autoridades migratorias pretenden es calcular con referencia en un formulario, posterior a una entrevista, si el interesado a largo plazo será una carga pública para el gobierno y esto no se puede determinar”.
Dijo el especialista que hay varios puntos que la autoridad considera, estos son:
“Esta situación entra dentro de la figura de la discriminación a nivel económico, ya que aquellas personas que trabajan y reciben un sueldo mínimo, pero llenan los requisitos que debieron calificar sin ningún problema, son cuestionados por ganar tan poco”, dijo el abogado Juan Morales.
Dijo, además, que esta normativa afecta a dos grupos de personas:
¿Quiénes no se verán afectados?
Juan Morales, explicó en este caso, aquellas personas que están en calidad de refugiados o asilados, quienes busque la residencia a través de la visa “U”, “T”, el programa “DACA”, aquellos que tienen TPS, que son programas especiales de migración y no les afecta esta ley.
“Más que nada, esto quiere afectar una sola cosa que en EU le llaman: Migración en Cadena, nosotros como abogados esperamos que en un lapso de 4 a 6 meses no esté en vigencia, pero eso será dependiendo del resultado electoral”.
“Los casos de las personas afectadas por la Ley de Carga Púbica, aún no llegan a su maduración, algunos se sometieron antes del 24 de febrero de este año, pero ellos no están sujetos a esta normativa”.
¿Qué beneficio ayuda y cuál perjudica?
El abogado dice, que por ahora no hay una regla exacta, pero hay una línea que poco a poco se define con referencia en la práctica, lo que notan es que todos los beneficios federales, los beneficios estatales, casi en su mayoría no se verán perjudicados.
Los federales son:
Aquellos que reciben de la sección 8, que consiste en apoyos para pagar renta, personas que tienen beneficios médicos (extenso y sistemático), son las personas que llevan mucho tiempo bajo el programa de beneficio médico promovido o financiado por el gobierno federal de los Estados Unidos.
Los estatales son:
Juan Morales dijo que, es muy probable que no se vaya a afectar y sea aceptado o bien visto por los agentes para no ser una carga pública.
“Por eso hay que procurar saber de dónde llega el dinero que el beneficiario recibe, si viene de un programa federal, es mejor que no lo acepte”.
Agregó al final de su participación en el “Café Virtual Migrante: Pregunta a los abogados” que, los resultados de estas leyes podrán verse en un lapso no mayor a 12 meses cuando acudan a las entrevistas que generarán los casos después del 24 de febrero del 2020, fecha en la que entró en vigor.
SOP/CS-SICOM/042
Puerto Vallarta, Jal, a 09 de Noviembre de 2018.- La nueva Ley de Obra Pública para el Estado y los Municipios promueve la ejecución de infraestructura de calidad con mejores costos, lo que permitirá detonar el sector en favor de los guanajuatenses.
“Contar con una norma ajustada a la realidad permite la objetividad en la contratación pública, ahora se rige con los principios de igualdad, publicidad y transparencia en los procedimientos”.
Así lo señaló Adolfo Flores Ortega, Director de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) durante su participación en el panel “Ley de Obra Pública y su correlación directa con la construcción eficiente de la infraestructura pública” organizado en el 7o Foro de Normatividad de Obra Pública organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y dirigido a las autoridades municipales, estatales y contratistas.
La norma jurídica, explicó, debe permanecer en un proceso constante de cambio, de perfeccionamiento, para resolver las probables deficiencias o lagunas que contenga y para que su contenido se mantenga acorde a la realidad.
Flores Ortega invitó a los contratistas a participar en este proceso de mejora continua para optimizar la ejecución de infraestructura de calidad en el Estado y los Municipios.
Para finalizar, reiteró el compromiso de Gobierno del Estado para trabajar de forma conjunta con todos los sectores y en donde la realización de la obra pública es pilar fundamental en el desarrollo económico y social de los guanajuatenses.
SOP/CS-SICOM/040
Puerto Vallarta, Jal, a 07 de Noviembre de 2018.- El secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) de Gobierno del Estado, Tarcisio Rodríguez Martínez reiteró ante contratistas y empresarios el compromiso de desarrollar obra pública con transparencia y honestidad.
Además señaló que con la entrada en vigor de la Nueva Ley de Obra Pública para el Estado y los Municipios, ya se transparentan los procedimientos de contratación lo que permite al Estado, Municipios e iniciativa privada mejores opciones de obras y servicios, mejores costos, calidad y tiempos de ejecución.
Lo anterior lo expresó durante su participación en el panel: “Tendencia de la Industria de la Construcción 2018-2024” y en donde aseguró que el recurso destinado para las obras rendirá aún más pues se ejercerá con eficacia, con transparencia y responsabilidad por parte de Gobierno y de los constructores.
Tarcisio Rodríguez afirmó que la nueva visión de la Secretaría, es “alinear la planeación y la ejecución de las obras, vinculando la logística, movilidad y comunicación digital con la agroindustria, servicios y la industria de la transformación”.
Y estas acciones, dijo, se realizarán sin generar mayor burocracia pues se optimizarán los recursos materiales, financieros y humanos de las dependencias estatales involucradas en esta materia.
Explicó que en el rubro de la movilidad, se realizarán acciones no solo para mejorar el flujo de productos sino también de personas, sino para ordenar el crecimiento de nuestras ciudades y se mantendrá la responsabilidad con el cuidado del medio ambiente gracias a la aplicación de energías limpias y renovables.
El funcionario estatal reiteró ante contratistas, presidentes municipales de los 46 municipios y empresarios, la construcción de una alianza regional Centro-Occidente para gestionar proyectos estratégicos que beneficien el desarrollo económico y social.
Para concluir, Tarcisio Rodríguez invitó a los asistentes a trabajar de forma conjunta para permitir el desarrollo de todas las regiones de nuestro estado y así permitir el desarrollo en todos los rincones de Guanajuato y esto permitirá que Guanajuato sea Grandeza de México
SOP/COM2017/205
Guanajuato, Gto., a 08 de agosto de 2017.- La Secretaría de Obra Pública y los Colegios Municipales de Contadores de Guanajuato acordaron seguir trabajando en forma conjunta con el objetivo de mejorar la Nueva Ley de Obra Pública que se encuentra actualmente en el Congreso del Estado para su revisión.
En reunión estuvieron presentes los presidentes de los colegios de León, Salamanca, Celaya, Guanajuato, Irapuato y por parte de la Secretaría de Obra Pública del Estado, el Secretario José Arturo Durán Miranda, el Subsecretario de Programación y Administración, José Luis Meza García y el Director General de Servicios Jurídicos, Adolfo Flores Fonseca.
La petición puntual es “simplificar los trámites y transparentar los procesos de contratación en materia de obra pública” así lo externó el propio titular de la dependencia estatal, José Arturo Durán Miranda al finalizar la reunión.
“Otra de las peticiones por parte de los Contadores y que seguirá siendo uno de los compromisos de esta Secretaría, es favorecer la participación de las empresas guanajuatenses para impulsar el desarrollo económico y social en la entidad” agregó.
De manera particular, en la reunión de trabajo se analizó el artículo 48 fracción 11 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, el cual se refiere a las garantías y obligaciones que tienen los contratistas en cuestión del cumplimiento del contrato, anticipos, inicios de obra y entrega.
“El acercamiento entre el los Colegios de Contadores y la Secretaría de Obra Pública del Estado, fortalece la propuesta de la Nueva Ley de Obra Pública, se busca consolidar temas en materia de la Ley de Transparencia” destacó Durán Miranda.
Además, dijo, se busca favorecer la participación de empresas guanajuatenses, principalmente pequeñas y medianas, con lo que se impulsa la industria de la construcción local, y se incorporan criterios de diseño universal, equidad de género, la actualización en el Padrón Único de Contratistas y todos sus procesos.
En la reunión participaron Esteban Elías Navarro, Presidente del Colegio de León; José Antonio Gutiérrez Serrano, Presidente del Colegio de Salamanca; Eduardo Adolfo Rodríguez Lino, Presidente del Colegio de Celaya; Irma Mandujano García, Presidente del Colegio de Guanajuato; Sergio González Aguilar, Vicepresidente del Colegio de Irapuato; Lucía Virginia Cano Vázquez, Vicepresidente del Colegio de Guanajuato; y los representantes de la Comisión Fiscal, Jaime C. Labrada Araiza y Luis Carlos Verver y Vargas Funes
Por último, el Secretario de Obra Pública comentó que con estas reuniones de trabajo se busca fortalecer los procesos y ejecución de obra, donde la participación de instituciones como los Colegios, Cámaras y Asociaciones son parte fundamental para consolidar el desarrollo de la entidad y así impulsar una mejor calidad de vida a los guanajuatenses.