• Se trata de la Ley de Carga Pública, con ella las autoridades migratorias podrán determinar quién sí y quién no pueden ser sujetos para obtener la ciudadanía estadounidense, visas de turista o trabajo.

Guanajuato, Guanajuato. junio del 2020. La Ley de Carga Pública, es una herramienta que tiene la autoridad migratoria en los Estados Unidos para descalificar personas que tratan de adquirir su residencia o bien al tramitar la visa para visitar el país.

Así lo dijo, Juan Morales Reyes, abogado de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional en California, durante el “Café Virtual Migrante: Pregunta a los Abogados”, organizado por la dependencia.

“La intención que hay detrás es, atacar, como por ahora no se puede desaparecer la Ley Cadena, que consiste en que un migrante con residencia, pide al estado norteamericano su legal estadía en el país y así sucesivamente”.

“Esta ley, es fuertemente cuestionada en las cortes federales, porque es muy difícil ver hacía el futuro y lo que las autoridades migratorias pretenden es calcular con referencia en un formulario, posterior a una entrevista, si el interesado a largo plazo será una carga pública para el gobierno y esto no se puede determinar”.

Dijo el especialista que hay varios puntos que la autoridad considera, estos son:

1. La edad de la persona, si se trata de alguien de edad avanzada, que por naturaleza va a necesitar más servicios médicos, es considerado como un punto en contra.
2. En caso contrario, si es una persona joven, el criterio señala que es apto para obtener la residencia, porque puede darle al gobierno muchos años de trabajo, impuestos y productividad.
3. Carta aval, es un documento en el que quien la redacta ofrece una breve descripción del interesado a obtener su residencia. Pero si la persona que torga la carta apenas sobrepasa el ingreso económico establecido para calificar es poco probable que les otorguen el beneficio.

“Esta situación entra dentro de la figura de la discriminación a nivel económico, ya que aquellas personas que trabajan y reciben un sueldo mínimo, pero llenan los requisitos que debieron calificar sin ningún problema, son cuestionados por ganar tan poco”, dijo el abogado Juan Morales.

Dijo, además, que esta normativa afecta a dos grupos de personas:

1. Aquellas que a través de un familiar contemplan emigrar a los Estados Unidos o que ya viven en ese país y contemplan hacer un ajuste en su residencia.
2. Las personas que van a venir simplemente de visita les darán a llenar un formulario en el que querrán saber, ¿si tienes los medios económicos para ir a EU? La respuesta la tomarán en cuenta para dar o negar las visas de turista o trabajo.

¿Quiénes no se verán afectados?

Juan Morales, explicó en este caso, aquellas personas que están en calidad de refugiados o asilados, quienes busque la residencia a través de la visa “U”, “T”, el programa “DACA”, aquellos que tienen TPS, que son programas especiales de migración y no les afecta esta ley.

“Más que nada, esto quiere afectar una sola cosa que en EU le llaman: Migración en Cadena, nosotros como abogados esperamos que en un lapso de 4 a 6 meses no esté en vigencia, pero eso será dependiendo del resultado electoral”.

“Los casos de las personas afectadas por la Ley de Carga Púbica, aún no llegan a su maduración, algunos se sometieron antes del 24 de febrero de este año, pero ellos no están sujetos a esta normativa”.

¿Qué beneficio ayuda y cuál perjudica?

El abogado dice, que por ahora no hay una regla exacta, pero hay una línea que poco a poco se define con referencia en la práctica, lo que notan es que todos los beneficios federales, los beneficios estatales, casi en su mayoría no se verán perjudicados.

Los federales son:

Aquellos que reciben de la sección 8, que consiste en apoyos para pagar renta, personas que tienen beneficios médicos (extenso y sistemático), son las personas que llevan mucho tiempo bajo el programa de beneficio médico promovido o financiado por el gobierno federal de los Estados Unidos.

Los estatales son:

Juan Morales dijo que, es muy probable que no se vaya a afectar y sea aceptado o bien visto por los agentes para no ser una carga pública.

“Por eso hay que procurar saber de dónde llega el dinero que el beneficiario recibe, si viene de un programa federal, es mejor que no lo acepte”.

Agregó al final de su participación en el “Café Virtual Migrante: Pregunta a los abogados” que, los resultados de estas leyes podrán verse en un lapso no mayor a 12 meses cuando acudan a las entrevistas que generarán los casos después del 24 de febrero del 2020, fecha en la que entró en vigor.