León, Guanajuato
Lunes 11 de febrero del 2019
El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), se mantendrá al tanto de la resolución que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la factibilidad presupuestal para el pago de un bono sexenal por 3 mil pesos a su personal afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para los Adultos (SNTEA).
Lo anterior luego de que hoy, trabajadores sindicalizados con plaza federal en Guanajuato se manifestaron de manera pacífica, sumándose a una convocatoria nacional, para solicitar al Gobierno federal que reconsidere este pago y libere el presupuesto correspondiente al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y a los institutos estatales encargados de atender el rezago educativo con los que el SNTEA mantiene un contrato colectivo de trabajo.
El estímulo que exigen estos trabajadores fue anunciado el 12 de octubre del año pasado por Joel Ayala Almeida, dirigente nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que agrupa al SNTEA.
Entonces, el dirigente dio a conocer que cerca de dos millones de burócratas en el país gozarían de dicho bono sexenal, el cual iba a ser entregado antes del 15 de noviembre del 2018.
Lo anterior fue oficializado con la circular 043/2018 del FSTSE, donde se especificó que la medida fue autorizada por Hacienda para apoyar la economía familiar e incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores al servicio del Estado que reciben los menores ingresos de acuerdo a su nivel tabular.
En el caso de Guanajuato, hay 283 trabajadores del INAEBA afiliados al SNTEA, de los cuales, 281 son susceptibles de recibir el recurso.
Sin embargo, bajo las políticas de austeridad de la administración federal entrante, la SHCP frenó la autorización para realizar el pago de este estímulo hasta que se revisara su factibilidad presupuestal.
Dicho bono sexenal no se encuentra previsto en el contrato colectivo de los afiliados al SNTEA, por lo que es necesaria la autorización de Hacienda y su correspondiente fondeo a las instituciones para que pueda ser pagado.